Tras el incendio en el interior de la Mezquita de Córdoba, monumento de incalculable valor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, Andalucía Laica exige una investigación independiente y transparente de las causas y los errores en su protección.
«Ante un patrimonio cultural tan relevante debemos considerarnos custodios en su preservación y legado a generaciones futuras. Es común que en monumentos con gestión privada se prime el rendimiento económico y se escatimen medidas de control y seguridad», explica la organización laica.
La mezquita fue “Propiedad Pública” desde su conquista en 1236 por el reino de Castilla. La Iglesia Católica ha disfrutado de su uso y explotación pero las decisiones importantes siempre eran tomadas por el Estado. La Iglesia sólo figura como propietaria por su inmatriculación en 2006, gracias a Leyes Hipotecarias de 1946 y 1998 que la convierten de forma ilegítima en sujeto de Derecho Público. «No es admisible que las Administraciones Públicas ignoren el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica», denuncia Andalucía Laica.
Al inmatricular la Mezquita y arrogarse su propiedad, la Iglesia católica se hace responsable de su conservación y de las prácticas de riesgo dentro de la misma. «¿Se estaban cargando baterías de maquinaria de limpieza (baterías que no se permite que viajen en trenes por peligro de incendio) y que en la misma capilla, que se utilizaba como almacén, había almacenadas sillas de madera y otros materiales combustibles?», se pregunta la organización territorial al mismo tiempo que exigen que se depuren responsabilidades.
También quieren recordar que el Cabildo catedralicio recaudó, sólo el último año, 22 millones de euros, libres de impuestos, en entradas al monumento. «Sería injusto que las administraciones públicas (toda la ciudadanía) sufragaran la restauración».
Andalucía Laica, organización territorial de Europa Laica, desde la defensa de la laicidad y contraria a los privilegios, considera «urgente anular las inmatriculaciones y que el Pueblo recupere sus monumentos y las decisiones sobre su uso y protección».
