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Ecologistas en Acción Andalucía apoya la Marcha del 18 de octubre de las bomberas y bomberos forestales por empleos dignos y una gestión forestal pública y eficaz

La organización ecologista muestra su respaldo a las bomberas y bomberos forestales
andaluces y reclama el cumplimiento de las medidas técnicas y laborales recogidas en la Ley
5/2024, así como un modelo de gestión forestal público, estable y preventivo.

17 octubre, 2025

Foto cedida por CGT EMA INFOCA
Redacción

Ecologistas en Acción Andalucía ha expresado su apoyo a la marcha convocada para el 18 de octubre por las bomberas y bomberos forestales, en defensa de empleos dignos y del cumplimiento efectivo de las medidas técnicas y de prevención en la gestión forestal.

La organización subraya la importancia de reconocer la labor y las reivindicaciones de quienes se enfrentan cada año a decenas de focos activos y miles de hectáreas calcinadas, y exige recursos suficientes para la prevención y la lucha contra el fuego dentro de una política forestal integral, efectiva y duradera.

Una ley estatal insuficiente y sin desarrollar

La actual Ley 5/2024, de 8 de noviembre, regula a las bomberas y bomberos forestales en el conjunto del Estado español y establece un marco básico para su profesión. Sin embargo, Ecologistas en Acción advierte que la norma no garantiza un número mínimo de efectivos durante todo el año, ni considera las labores preventivas como una parte esencial del trabajo forestal. Es más en el presente año se ha ampliado la temporada de alto riesgo y los efectivos temporales terminan sus contratos.

La organización también denuncia que no se reconocen como enfermedades profesionales aquellas derivadas de las tareas de extinción y prevención, ni se blinda el carácter público del servicio, permitiendo la intervención de empresas privadas en la elaboración de protocolos en terrenos públicos y privados.

Transcurrido casi un año desde su aprobación, la ley sigue sin desarrollarse plenamente, lo que está provocando un aumento de la precariedad laboral en el sector. “Mientras el coste de la vida crece un 12%, los salarios apenas suben un 2%, los contratos siguen siendo temporales y muchas personas ni siquiera pueden acceder a una jubilación digna”, señala la organización. Máxime cuando todavía no han recuperado el complemento por antigüedad, el cual viene a compensar en el sector público estas subidas salariales muy por debajo del coste de vida. Las bomberas y los bomberos forestales junto con los y las Agentes de Medio Ambiente y Agua, AMAYA, son los únicos colectivos de empleados y empleadas públicas que no tienen reconocida dicha antigüedad en sus salarios.

Ecologistas en Acción considera inadmisible que, tras un verano con más de 40 focos activos y más de 354.000 hectáreas quemadas, las administraciones aún no hayan completado la aplicación de esta normativa.

Carencias en Andalucía

En el ámbito andaluz, Ecologistas en Acción alerta de que el catálogo de medios humanos y técnicos del dispositivo forestal es claramente insuficiente.

Los equipos o retenes, que deberían contar con siete personas, han operado en ocasiones con solo dos o cuatro componentes, y a finales de agosto se contabilizaban más de 300 vacantes sin cubrir.

Los vehículos licitados tampoco cumplen las especificaciones técnicas necesarias para el trabajo en campo —como altura mínima, radio de giro o acceso seguro al material—, lo que compromete la seguridad y eficacia del personal.

En el ámbito laboral, la organización destaca la ausencia de la figura de “correturnos”, lo que obliga a las bomberas y bomberos forestales a acumular jornadas excesivas en los meses de alto riesgo sin poder compensarlas posteriormente. Además, el fin de los contratos temporales al finalizar la campaña de verano impide completar las tareas de prevención, favoreciendo la privatización progresiva del servicio.

Por un modelo público, preventivo y justo

Ecologistas en Acción Andalucía considera fundamental apoyar las reivindicaciones de las bomberas y bomberos forestales y reclama una planificación territorial adaptada a cada ecosistema, que refuerce la prevención, dote al servicio de medios públicos suficientes y asegure la restauración de hábitats y la protección de la biodiversidad tras los incendios.

“Un sector precarizado y empobrecido es un sector débil frente a un problema de enormes dimensiones ambientales y sociales”, subraya la organización. “La defensa del monte y de las personas que lo protegen es una cuestión de justicia ambiental y social”.

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