La vivienda es la principal preocupación para la ciudadanía española según el CIS. Y no faltan los datos que justifiquen las inquietudes que una buena parte de la población experimenta por causa de este tema. Así, por ejemplo, el INE certificaba no hace mucho que entre abril y junio de este año el precio de la vivienda en España subió un 12,7% en tasa interanual, el mayor incremento desde el primer trimestre de 2007, acumulándose ya una subida del 70% en los últimos diez años. Y lo peor es que la velocidad con que tiene lugar ese crecimiento es cada vez mayor sin que nadie parezca querer afrontar ese inquietante problema.
Pero si el precio crece y la percepción social de preocupación por la vivienda aumenta, ello no frena el mercado: la firma de hipotecas se disparó un 25% en los seis primeros meses de 2025 respecto al mismo período de 2024, de tal manera que en la primera mitad de 2025 se suscribieron 243.257 préstamos para la compra de vivienda.
Por su parte, el precio de los alquileres crece a un ritmo aún mayor que el de la compraventa (un 14% el último año), de suerte que esta opción alternativa empieza a resultar ya casi tan privativa como la vivienda en propiedad y estamos volviendo al alquiler por habitaciones, como hace ochenta años, tras el final de la guerra civil.
El aumento del precio de la vivienda es de tal magnitud que está fagocitando todas las mejoras que la política del gobierno ha podido llevar a cabo mediante, por ejemplo, la subida del salario mínimo, de modo que la clase trabajadora se encuentra agobiada y sin expectativa ninguna de que las actuales tendencias vayan a verse alteradas.
Frente a este panorama desolador, la derecha sólo tiene una solución: aumentar la oferta de viviendas en el mercado o, lo que es igual, construir más y más vivienda privada.
Por su parte, el Gobierno central está atado de pies y manos, porque según la jurisprudencia constitucional, la competencia sobre vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas y dos terceras partes de éstas se encuentran en manos de la derecha. En las comunidades donde gobierna la izquierda, se han lanzado ambiciosos planes que prevén, en el caso catalán, construir más de 200.000 viviendas, la mitad de ellas de protección oficial. Pero a estas alturas no está claro que las modificaciones legales precisas vayan a salir adelante.
En cualquier caso, lo que está claro es que el problema de la vivienda no se resuelve tan sólo aumentando el número de viviendas ofrecidas en el mercado, porque con los inmuebles asistimos a un fenómeno de especulación, como el que se está dando con el oro o las criptomonedas. Y es que las clases altas están invirtiendo sus exorbitantes ganancias en la compra de viviendas, en la confianza de que el aumento de valor continuará.
Por eso, la única alternativa es acabar con la lógica del mercado y construir mucho y rápido, pero vivienda pública y accesible para todos, dedicando un 5% del PIB no a la defensa, sino a la construcción de viviendas. Una vez más, la alternativa es cañones o mantequilla. Y entretanto, freír a impuestos a las viviendas vacías, los aumentos patrimoniales generados con la compraventa de viviendas, las viviendas de uso turístico y todo uso de los inmuebles que no satisfaga un interés general o cumpla una función social.
En solucionar este problema nos jugamos mucho, porque si sigue sin atajarse de raíz, crecerá el malestar social, el apoyo a la extrema derecha y el sufrimiento de los que ya aguantan una carga intolerable.
