
Si no he de verte más, lejana orilla
que me lleven al mar cuando yo muera
El me volverá a ti, del mar nacida
en la lumbre de líquidas estrellas
Antonina Rodrigo
Si me quedase inmóvil como esta buena encina
Vendrían nuestros pájaros a anidar mi frente
Vendrían vuestras aguas a morder mis raíces
y aun seguiría viendo con su blancura intacta
quien sabe si dormida la España que he perdido
Pedro Garfias
Si el franquismo vencedor hubiera arbitrado una política de reconciliación nacional y de respeto a la población civil vencida, el desmesurado exilio de 1939 no hubiera tenido lugar. Tras la caída de Barcelona en los últimos días de Enero de ese año, entraron en Francia en torno a 470.000 refugiados, que se sumaron a los 45.000 que ya se encontraban allí a fines de 1938. De aquella masa humana, 170.000 eran mujeres niños y ancianos. El trato dado por la Francia de Daladier a los refugiados españoles recluidos en los improvisados campos del Sur de Francia (Barcarés, Saint Ciprien, Argeles) fue miserable e impropio de una nación democrática, e Inglaterra no le fue a la zaga con una política de acogida clasista, que sólo permitió la entrada a exiliados selectos, como los andaluces Esteban Salazar, profesor en Cambridge, Luis Cernuda o el poeta cordobés Pedro Garfias.
En los primeros días de marzo de 1939, abandonados en el cercado puerto de Cartagena tras el golpe de Estado de Casado, unos doce mil republicanos consiguen huir en cargueros y mercantes como el African Trader, el Lezardrieux y el Steambrook, o hacinados en chalupas y barcos pequeños para acabar siendo internados en los campos de concentración del África francesa.
Entre 1939 y 1948 llegan a México 22.000 exiliados españoles, que el presidente Lázaro Cárdenas acoge con la fraternidad y humanidad que faltó en la Vieja Europa. A Chile, donde también el presidente Pedro Aguirre se mostró receptivo, llegó en agosto de 1939 una expedición de 2.300 españoles y españolas. Otros 3.000 arribaron a la República Dominicana. La diáspora de los republicanos españoles llegó a otros países como Colombia, Cuba y sobre todo la URSS, donde no pocos de ellos participaron en la lucha contra los nazis.
A todo esto hay que sumar el exilio de niños y niñas, quizás la manifestación más simbólica de la injusticia de la guerra y la responsabilidad ante la humanidad de los que la provocaron. En diversas operaciones realizadas todavía durante la guerra, fueron enviados al extranjero nada menos que 37.487 niños y niñas, de los que unos 17.000 se quedaron para siempre en sus países de acogida.
Al igual que ocurre con la tardía exhumación de las fosas del genocidio franquista (identificación genética en muchos casos imposible por desaparición física de hijos e hijas), la injustificable tardanza del estado democrático ha impedido la reparación en vida de buena parte de la primera generación de descendientes, de ahí la denominación de ley de nietos, dada a la Instrucción de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica. Esta norma desarrolla y amplía hasta la Tercera Generación lo establecido por la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre del mismo año en su Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española,que establece este derecho como “consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia”.
Hasta la fecha se han registrado más de 300.000 inscripciones de nacionalidad, mediante sucesivas ampliaciones temporales, la última muy recientemente, que es la que ha provocado la airada reacción de la derecha y extrema derecha, cada vez menos diferenciables en este y otros temas.
Mezclando de modo falso e intencionado cuestiones absolutamente distintas como los procesos de regularización de inmigrantes con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a los descendientes de exiliados republicanos, se transmite a la ciudadanía un mensaje de invasión de millones de metecos que en pocos años van a acabar con nuestro bienestar, con los recursos sociales y hasta con la identidad histórica y cultural de la nación.
Dando por descontada la posición neofascista de Vox ¿cómo puede un partido que se proclama constitucionalista, “de Estado” e incluso democrático afirmar sin rubor que estos hijos y nietos del exilio van a votar masivamente a la izquierda, y que por tanto se trata de una nueva treta del gobierno socialcomunista para mantenerse en el poder? No importa que las evidencias de elecciones anteriores señalen que el voto procedente del exterior haya favorecido a las opciones conservadoras, se trata de generar sospechas desestabilizadoras y antidemocráticas que socavan la esencia misma de la legitimidad de las democracias liberales: la celebración periódica de elecciones libres y limpias, cuyos resultados deben ser acatados y respetados por ganadores y perdedores.
Creo que esta posición trumpista del PP solo puede tener dos explicaciones: La primera, que los actuales dirigentes de este partido y sus numerosos aliados mediáticos compartan las tesis pseudocientíficas del psiquiatra Vallejo Nájera (el equivalente franquista del siniestro doctor nazi Josef Mengele), quien en un estudio con 50 presas republicanas en la cárcel de Málaga afirmó en 1939 que las mujeres rojas eran víctimas de una enfermedad genética o tara mental producida por una especie de gen rojo, que podía transmitirse hereditariamente.
Como resulta increíble que esta alucinación eugenésica sea compartida por la mayoría conservadora (aunque de aprobar una ley para los concebidos no nacidos a aceptar esta creencia solo hay un trecho que podrían recorrer con prontitud) , sólo nos queda pensar en el negacionismo histórico que ha caracterizado a la derecha sistémica española – la Alianza Popular de Manuel Fraga, transmutada en 1989 en el actual Partido Popular- en relación con los orígenes de la guerra civil, y sobre todo con la represión y la violencia de Estado con la que el franquismo se asentó y pervivió durante cuarenta años.
La Derecha española no ha roto nunca el cordón umbilical que la une política y sociológicamente con el tardofranquismo, y por tanto necesita seguir blanqueando la dictadura desde sus raíces golpistas hasta sus últimos y agónicos días. Fraga fue el fundador de AP-PP, transmutado en demócrata por obra y gracia de la ejemplar Transición, de modo que en vez de enfrentarse a un tribunal penal por su responsabilidad en asesinatos como los de Enrique Ruano en 1969 o los cinco obreros de Vitoria en marzo de 1976, se vio aupado al rango de estadista que consolidó la Monarquía Constitucional.
Esta necesidad de vender el franquismo como un régimen autoritario-paternalista que cometió excesos pero finalmente nos llevó al desarrollismo y la democracia, es radicalmente incompatible con el reconocimiento del golpismo fundacional, de la plena legalidad republicana, de los crímenes de la dictadura y, en este caso, de la aceptación de las causas político-represivas y de las trágicas consecuencias humanitarias del exilio republicano. Esta es, en mi opinión, la razón profunda de la oposición de la derecha junto con todo su aparato mediático-cultural a la adquisición de la nacionalidad española para los descendientes del forzado éxodo republicano.
Frente a esta posición negacionista, debemos seguir afirmando el deber del Estado Democrático de amparar todos los derechos civiles y humanos a los que tienen derecho los exiliados y sus descendientes, comenzando por la restitución de la identidad nacional que nunca debieron perder.
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