La calle ha dicho basta. Las protestas y acampadas han sacudido las principales ciudades del país demostrando que el malestar ya no cabe en las estadísticas. Cuando una sociedad normaliza que personas de avanzada edad o familias enteras sean expulsadas de sus casas tras décadas de arraigo, algo tan importante como el pacto de convivencia se ha roto, convirtiéndonos en meros espectadores de una maquinaria económica monstruosa y feroz que ha trasformado el suelo y las cuatro paredes que deberían ofrecer refugio, en activos financieros servidos en bandeja de plata a la especulación.
No olvidemos que ha sido la presión ciudadana y los casos límite que han conmocionado
a la opinión pública el revulsivo que espolee el avispero y, ¡de qué modo!.
Y esta fractura social en la que, por un lado, el artículo 47 de nuestra carta magna reconoce “el derecho a una vivienda digna, donde los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y crear normas para hacerlo efectivo”, confronta por otro y a las claras con el privilegio inalcanzable en el que se ha convertido para una parte decisiva de la ciudadanía.
Gobiernos elegidos por el pueblo por un lado y ese mismo pueblo hastiado y harto por otro. ¿El resultado?. Un par de decretos de vivienda aprobados a la carrera por el Gobierno que sólo reflejan esa profunda fractura social.
Porque, no olvidemos que ha sido la presión ciudadana y los casos límite que han conmocionado a la opinión pública el revulsivo que espolee el avispero y, ¡de qué modo!.
Sólo el pulso exigente de la calle ha servido para hacer que, tras 8 años de gobierno socialista sin soluciones efectivas, se dé alguna reacción al límite. Y ahora, ¡que sean ellos, los gobiernos, el central y los autonómicos los que se busquen la vida!. No en vano, el gobierno andaluz del PP, en atribución de las competencias que le son propias, ya aprobó en 2025 su propia de ley de vivienda, reflejando una y otra norma dos visiones radicalmente opuestas para darle solución a esta crisis. En este caso, apostando como todos los gobiernos de la derecha por una solución al medio plazo mediante incentivos a la iniciativa privada de los promotores “agilizándole” la burocracia para construir 20.000 inmuebles protegidos cuando, por cierto, el Banco de España estima que Andalucía arrastra un déficit estructural de 90.000 viviendas.
Está claro que, para las familias que hoy acampan frente a las delegaciones de la Junta, el largo plazo no es una opción viable. Así es que bien haremos en permanecer alerta porque la política se ha hecho experta en desviar la atención del fondo del problema, cuando no en usar a su interés la precariedad del prójimo.
Como dijera Antonio Machado en 1937, y se coreó en 2024 en la DANA de Valencia, “Sólo el pueblo salva al pueblo”.
Así pues, cuando nos preguntamos ¿qué nos está pasando como sociedad para tragar tanto?, recordemos al poeta y reaccionemos.
Como dijera Antonio Machado en 1937, y se coreó en 2024 en la DANA de Valencia, “Sólo el pueblo salva al pueblo”.
Así pues, cuando nos preguntamos ¿qué nos está pasando como sociedad para tragar tanto?, recordemos al poeta y reaccionemos, por ejemplo, apoyando y manteniendo viva la semilla de la reivindicación. Porque el verdadero espejo en el que debemos mirarnos no es partidista, sino moral y porque a la vista de lo sucedido en la última semana, este momento de pulsión se ha convertido en la ventana de oportunidad para hacer espabilar a quienes nos representan y, de paso, a nosotros y nosotras mismas, reconociendo el poder real que tenemos como sociedad.
Una comunidad que margina a sus jóvenes de la emancipación y ahoga a sus trabajadores/as en el pago del alquiler está hipotecando su futuro. El decreto de vivienda del gobierno central es un “pan para hoy” muy necesario ante la emergencia que siendo útil no soluciona el problema, aunque en el fondo de nuestras cabezas, lo que deberíamos preguntarnos sea, ¿cuándo decidimos cambiar el valor de un hogar por el valor del dinero?.
