Andalucía

USTEA ha recopilado información de más de 700 unidades de las ocho provincias andaluzas que incumplen la legislaciónen materia de ratios.

Ante este incumplimiento han interpuesto un recurso contencioso administrativo.

También denuncian la supresión de más de 400 unidades en los centros públicos, a la vez que han aumentado las horas de religión, dejando sin trabajo a cientos de docentes interinos y provocando las protestas de madres, padres, alumnado y profesorado.

USTEA organiza una mesa redonda en torno al llamado PIN parental, o VETO parental, como prefieren llamarlo desde el profesorado.

La conclusión principal de las intervenciones gira en torno a la ilegalidad de esta propuesta, aunque sí que ha conseguido marcar la agenda política. Entienden que es un ataque directo a la educación pública.

Las intervinientes también destacan la valentía que el profesorado, y sobre todo, los equipos directivos, han de mostrar en estos momentos ante la intimidación del partido ultra.

USTEA ha pedido a la Viceconsejera de Educación que traslade urgentemente a los centros educativos un mensaje de tranquilidad, apoyo y confianza en la labor del profesorado.

El sindicato califica de «circo mediático» las declaraciones de unos y otros sobre la delirante idea del pin parental de Vox.

Afirma que este clima genera inquietud e incertidumbre en la comunidad educativa por ser un ataque en toda regla a la escuela pública, a la que se pretende etiquetar como un espacio conflictivo y, como mínimo, sospechoso.

El comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha lanzado una petición en change.org al Parlamento de Andalucía y a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía para evitar su cierre.

USTEA opina que la propuesta del consejero de educación de integrar las etapas educativas de primaria, secundaria y el segundo ciclo de educación infantil solo busca «ahorrar en la dotación de recursos y profesorado por centros».

Teme que traiga como consecuencia el deterioro de las condiciones laborales de la profesión docente y una repercusión negativamente en aspectos pedagógicos y educativos.

Afirma que no pueden adoptarse medidas del calado de las contempladas en esta proposición, sin haber tenido previamente un debate en profundidad con todos los agentes de la comunidad educativa y garantizar en todos los casos que los fondos públicos se utilizan para la Enseñanza Pública.