Ante el anuncio de una querella por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por un presunto delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) manifiesta su “firme rechazo” y recuerda los principios jurisprudenciales que amparan el derecho a la libertad de expresión, especialmente en contextos de crítica política y denuncia social.
Desde la entidad recuerdan que los tribunales han establecido de forma reiterada que la libertad de expresión debe ser protegida con especial intensidad “cuando se trata de críticas a instituciones públicas o asuntos de interés general”. Como ha establecido el Tribunal Constitucional, «el discurso antipolicial no es delictivo cuando está amparado por las libertades de expresión y crítica».
En este caso, las declaraciones de José Ignacio García se enmarcan en una crítica legítima a la actuación policial en el contexto de la muerte de Mamouth Bakhoum, un asunto de relevancia pública y social. Según advierten desde la entidad, la justicia exige un «examen previo» de la libertad de expresión antes de aplicar figuras penales como las injurias “para evitar que el Derecho penal se convierta en un instrumento de censura”.
En este sentido, las declaraciones del parlamentario formaban parte de un debate público sobre racismo institucional y violencia policial. A juicio de la organización andaluza, “la querella parece ignorar el contexto en el que se produjeron las declaraciones: la muerte de un hombre migrante y las demandas de investigación y transparencia de la sociedad civil”.
La APDHA alerta sobre el peligro de que este tipo de acciones judiciales generen un «efecto desaliento» en la sociedad, disuadiendo a ciudadanos y cargos públicos de denunciar abusos o injusticias. Como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el uso desproporcionado del Derecho penal contra la crítica política es incompatible con una democracia pluralista.
Desde APDHA concluyen que “esta querella supone un riesgo para la libertad de expresión, pues busca disuadir a la ciudadanía y a cargos públicos de denunciar posibles abusos”. Por eso la asociación exige su archivo y recuerda que “en una democracia las críticas a las instituciones no son delito, sino un derecho fundamental”.
