El pasado miércoles 25 de junio se conocía que un trabajador migrante de tan solo 34 años y residente en el asentamiento de infraviviendas de Atochares, ubicado en el municipio almeriense de Níjar, había fallecido electrocutado. El cuerpo del joven fue localizado tras permanecer varios días desaparecido. Por otro lado, en Huesca, la muerte de un temporero a causa del calor extremo en plena campaña agrícola revela la falta de protocolos efectivos y de una respuesta adecuada por parte de las instituciones públicas.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) quiere mostrar su más profundo pesar por «estas muertes absolutamente evitables» y señala que tras estos hechos «se esconde una grave responsabilidad institucional», ya que, a pesar de tener conocimiento de estas situaciones, las administraciones parecen permanecer pasivas, permitiendo que la precariedad y la vulnerabilidad de estos trabajadores sigan siendo la norma.
La entidad recuerda que «la situación extrema en la que viven miles de trabajadores migrantes, cuya mano de obra es imprescindible para la industria agroalimentaria de las provincias de Huelva y Almería, es de sobras conocida por los ayuntamientos, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno central». A pesar de ello, como señala la entidad, «lo único que las administraciones públicas hacen al respecto es invisibilizar esta dramática situación y anunciar medidas cosméticas que, hasta el momento, no se traducen en una mejora de las condiciones de vida del colectivo».
Es más, tal y como apunta Pro Derechos Humanos de Andalucía, «hay políticos que aprovechan toda suerte de tragedias para alentar el odio contra un colectivo vulnerable como es el de las personas migrantes». APDHA apunta directamente hacia las declaraciones realizadas por Manuel Barroso, alcalde de Cartaya (Huelva), quien se valió de una red social como TikTok para lanzar «un mensaje profundamente racista y xenófobo», acusando a los y las migrantes que residen en la localidad, y que cultivan sus campos de fresas y frutos rojos, de ser los responsables no solo de la criminalidad registrada en el municipio, sino también de la saturación de servicios públicos como la Sanidad y la Educación.
APDHA señala que «hace ya más de dos décadas que miles de personas viven en condiciones de semiesclavitud en las provincias de Almería y Huelva ante la desidia de las administraciones y la voracidad y el egoísmo de quienes explotan sin miramientos a estas personas». La entidad andaluza explica que «los y las trabajadoras migrantes de la industria agroalimentaria de Almería y Huelva viven en chabolas construidas con materiales desechables, sin suministro eléctrico, sin acceso al agua potable y con el miedo permanente a ser víctimas de incendios accidentales o provocados». Y, mientras esto sucede, «las administraciones públicas y las personas que los emplean en sus explotaciones agrícolas no cumplen con su obligación de garantizarles un alojamiento digno y seguro».
La asociación andaluza ha lanzado además un contundente mensaje al alcalde de Cartaya: «Menos TikTok y más trabajar por el bienestar de sus vecinos y vecinas, que también son los trabajadores y trabajadoras migrantes que siembran y recogen los campos de la localidad».
