Córdoba Solidaria manifiesta su profunda preocupación por el retroceso en derechos que se está produciendo actualmente. Tanto en lugares como El Salvador, con la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que amenaza directamente el trabajo de las organizaciones sociales y de cooperación internacional y los derechos humanos, como también, mirando de manera más amplia, podemos comprobar que se está produciendo un reflejo de estas políticas represoras en el estado español, en el que ya existe una persecución institucional de las acciones colectivas de protesta contra el genocidio en Palestina.
En la ciudad de Córdoba, hemos presenciado que cuatro activistas, tres de los cuales forman parte del colectivo Juventud Córdoba por Palestina, han recibido multas tras una acción en repulsa a Israel y al genocidio que está cometiendo en Palestina. “El Gobierno de España sigue permitiendo el comercio de armas con Israel y multando la libertad de expresión de activistas que piden que se ponga coto al genocidio que Israel está cometiendo en Palestina”, denuncian las asociaciones cordobesas.
Por otro lado, Córdoba Solidaria denuncia que en El Salvador se multiplican las violaciones de los derechos humanos. El pasado 8 de junio entró en vigor la ley LAEX, aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que impone un impuesto del 30% a las transacciones de donantes extranjeros a ONG y “que busca silenciar la voz de las comunidades y ejercer control social”. Para las asociaciones se trata de una ley que podría ser utilizada para restringir la libertad de asociación y la crítica al gobierno y que afectará negativamente al trabajo de las ONG, nacionales e internacionales, a las Defensoras de Derechos Humanos y limitará la ayuda a la población salvadoreña.
Para poner en contexto la situación, la red de colectivos cordobeses detalla que estas medidas no son nuevas, sino que “siguen la estela de las impuestas por Daniel Ortega en Nicaragua, que han supuesto desde su implantación la disolución de más de 5600 ONG, la expulsión de miles de personas y asociaciones del país, la revocación de la nacionalidad y privación de derechos políticos tanto a las personas opositoras encarceladas como a las personas defensoras de los derechos humanos”. También se ha eliminado la separación de poderes y el pluralismo político al establecer una copresidencia de Ortega y Murillo que controla todos los poderes del Estado, las instituciones independientes y los medios de comunicación. Se han producido y se continúan produciendo violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población, la oposición democrática, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil, lamentan las asociaciones.
“Esta criminalización del tejido asociativo en diversos lugares del mundo vulnera principios democráticos como la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, la participación ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales. Se está produciendo un retroceso democrático y una amenaza al tejido social que es motivo de preocupación para todas las personas y organizaciones que, como Córdoba Solidaria y sus entidades miembros, defendemos la libertad, el respeto y los derechos humanos”, concluyen.
