«¿Es cierto que me pueden ocupar la casa si bajo a comprar el pan?» o «¿Es verdad que las leyes protegen más a los ocupas que a los propietarios?». Son sólo algunos de los bulos que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se propone desmontar a través de sus cuentas en redes sociales y mediante la campaña que desde hoy, martes 14 de octubre, han puesto en marcha. Como señala la propia APDHA, «el 14% de las familias de nuestro país afrontan una situación de pobreza severa tras hacer frente al pago de la vivienda», tal y como apunta Cáritas y Foessa en un informe con datos de 2024. También el propio Consejo Económico y Social, en un informe del pasado año, reconoce que «en 4 de cada 10 hogares adquirir o alquilar una vivienda es cada vez más difícil y absorbe aproximadamente el 40% de la renta disponible». APDHA, en este sentido, denuncia que, con los bulos sobre vivienda y sobre la proliferación de ocupaciones que supuestamente se vive, lo que se pretende es eludir, quitar el foco, del problema más relevante existente hoy día y que no es otro que la imposibilidad de alquilar o comprar una vivienda digna.
La entidad andaluza denuncia además que «España, entre 2007 y 2021, apenas ha invertido en vivienda social 36 euros por habitante, frente a la media europea, que se sitúa en 160 euros por habitante» y recuerda que «el parque de vivienda en alquiler social supone en España un 3,3% del parque total de hogares, mientras que esta cifra se eleva hasta el 29% en Países Bajos, el 24% en Austria, el 20% en Dinamarca o el 17% en Francia». Y ello sucede en un país que, como España, tiene un parque total de aproximadamente 26,6 millones de viviendas, de las que se calcula que hasta un 14% están vacías.
APDHA lamenta que «los bulos detectados sobre el problema de la vivienda tienen como objetivo señalar y culpabilizar a colectivos vulnerables» y apunta que «quienes se benefician de estas mentiras son los fondos buitre que durante la última década han sido responsables de más de 400.000 desahucios en todo el Estado español». Pero, como señala Pro Derechos Humanos de Andalucía, «también se benefician de estos bulos empresas que venden puertas blindadas, alarmas e incluso grupos que actúan al margen de la legalidad, como Desokupa, y que obtienen publicidad y visibilidad pública en los mismos programas que difunden estas mentiras».
«¿Es cierto que me pueden ocupar la casa si bajo a comprar el pan?» es uno de los bulos que la entidad desmonta en su campaña, explicando que el acceso a una residencia familiar o incluso a una segunda vivienda se considera allanamiento de morada y que, por tanto, la policía puede actuar inmediatamente y proceder al desalojo del inmueble, puntualizando que esta situación es muy diferente cuando se trata de viviendas vacías y sin uso, propiedad en su mayoría de bancos y fondos buitre, en cuyo caso se aplica el tipo penal de usurpación, que sí conlleva un proceso judicial que puede durar varios meses. Otros de los bulos culpabilizan de no poder acceder a una vivienda directamente a los y las jóvenes porque «gastan mucho dinero en viajar». Tal y como explica la APDHA con datos, «una persona trabajadora necesita 52 años de su vida dedicando el 40% de sus ingresos para adquirir una vivienda» y «en ciudades como Madrid o Barcelona, las personas que trabajan en la hostelería o en el comercio necesitan hasta el 100% de sus ingresos para poder pagar el alquiler».
La APDHA identifica y desmonta en su campaña un total de ocho bulos extendidos sobre el problema de la vivienda, como aquellos que pretenden vincular el aumento de los precios del alquiler con el miedo a lo que ahora denominan como «inquiocupas» o la mentira recientemente extendida sobre que un simple ticket de comida a domicilio puede servir para formalizar una ocupación.
APDHA, no obstante, asegura que el problema fundamental que sufren cada vez más familias se debe al aumento injustificado de los precios del alquiler y a la falta de vivienda pública gestionada en régimen de alquiler social.
