Por Sonia Montaño @SoniaMontanyo
El sindicato CTA ha anunciado movilizaciones para el próximo lunes ante la precariedad e incumplimientos de convenio en el servicio de ayuda a domicilio.
Más de 1.200 profesionales de las 1.542 con las que cuenta la plantilla trabajan a jornada parcial lo que alimenta la precariedad laboral en la que están sumidas desde hace años estas profesionales.
De las 1.542 profesionales que forman la plantilla de ATENDE, empresa adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Córdoba desde el pasado 1 de septiembre, sólo 321 trabajan a jornada completa, mientras que las 1.221 restantes son el groso con el que la empresa atiende a las más de 4.500 personas dependientes beneficiarias del servicio.
“Esta parcialidad lo único que provoca es más precariedad entre las profesionales de ayuda a domicilio”, comenta Mari Paz Ruiz Relaño, delegada sindical y miembro del Comité de Empresa por CTA, que denuncia desde hace meses los reiterados incumplimientos del convenio de la nueva empresa concesionaria del servicio y que anuncia movilizaciones para el próximo lunes ante la sede de la empresa.
Si ya de por sí la parcialidad se puede considerar como un efecto grave en la precariedad laboral por los efectos psicosociales negativos que puede tener en la calidad de vida de los trabajadores, a esto se le suma que muchos de estos contratos parciales son con jornadas partidas, que incluyen desplazamientos entre domicilios de los usuarios en un mismo día, medidas que impiden la conciliación o búsqueda de trabajos complementarios para complementar el salario. “La parcialidad además”, señalan desde el sindicato CTA, “es una baza para poder administrar a su antojo con la disponibilidad de las trabajadoras, ya que si estuviesen a jornada completa sería más difícil”.
“La bolsa de horas»- que es así como llaman a la gestión de horas sobrantes de las trabajadoras-, “es la excusa perfecta para tener a las profesionales de guardia por si la empresa las tiene que llamar ante cualquier imprevisto o urgencia”. Ruiz señala que se trata de una supuesta disponibilidad que está reflejada en el convenio, a través de un complemento específico, pero que la empresa no está pagando.
El Sindicato CTA denuncia que esta es la peor situación en la que se han encontrado las profesionales desde que existe el servicio, un empeoramiento que también significa una merma progresiva en la calidad y atención al usuario.
“Son muchos los incumplimientos del convenio: falta de desconexión digital con llamadas fuera de su horario de trabajo, el descanso obligatorio de 48h semanales de descanso, o los días de asuntos propios en los que al final les reducen los desplazamientos y el tiempo del desayuno y les dicen a las trabajadoras que acaban debiéndoles horas a la empresa. Es tal el nivel de usura para recortar derechos que las trabajadoras se encuentran en una total indefensión”.
No cobran el SMI si no lo reclaman
Se encuentran además que, el propio convenio, firmado en el 2023, ampara que las empresas puedan pagar esta subida salarial a finales de año con carácter retroactivo. “Sin embargo nos estamos encontrando casos que en la subrogación del servicio, -la adjudicación del servicio pasó a finales de agosto de la cooperativa CLAROS a la empresa ATENDE-, en los que ni la anterior empresa abonó estas cantidades cuando liquidó, ni la actual empresa a finales de diciembre y son las trabajadoras las que tienen que estar reclamando las cantidades que por derecho les pertenecen”, explica la delegada. Todos estos y otros muchos más recortes de derechos laborales se reflejan en una denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y que han trasladado también al Gobierno Municipal a quién piden responsabilidades ante uno de los contratos de mayor envergadura que maneja el consistorio cordobés
