Marea Verde, movimiento que congrega a docentes, organizaciones y colectivos en defensa de la Educación Pública, sale a las calles ante la situación crítica que vive la educación pública según los organizadores. La privatización de la educación en Andalucía, que ha hecho que en este curso se supriman más de 700 aulas en Andalucía, sumadas a las más de 2400 desde que gobierna el PP, junto a las 4 nuevas universidades privadas, son la raíz de las protestas por la que quieren sensibilizar a la sociedad andaluza.
La organización denuncia que mientras la “sangría” en los colegios, institutos y universidades públicas ha ido aumentando, la educación privada concertada, sostenida con dinero público, no ha disminuido sino incluso ha aumentado, desmontando el “mantra” sostenido por la administración andaluza de la bajada de natalidad,
Todo esto ha llevado a que el profesorado interino esté teniendo más difícil trabajar en los cursos escolares. Marea Verde insiste en que las bolsas de primarias están colapsadas, debido a que se convocan pocas vacantes y sustituciones por los recortes de líneas y recursos, sumado a un deficiente sistema de llamada de sustituciones y que no se está atendiendo al alumnado debidamente. Este profesorado interino, exigen, debe ser estabilizado y así no perder los puestos de trabajo de estos docentes que llevan trabajando años en la Pública.
Argumentan igualmente, que la atención al alumnado con necesidades específicas es deficiente debido en primer lugar a los recursos que estos tienen en clase, y por otro lado por la falta de profesionales en los centros como son el personal de Pedagogía Terapéutica, los PTIS (personal de integración social) y los orientadores, los cuales son muy escasos y atienden cada uno a cientos de alumnos.
Entre sus reivindicaciones piden un aumento de plantillas y revertir todas las carencias invirtiendo únicamente en el sistema público, ya que los conciertos no son necesarios, ni garantes en una educación en diversidad. A esto se le suma, según la organización, la falta de inversión en la Formación Profesional Pública, y requieren un aumento del abanico de ramas profesionales. Desde estos colectivos denuncian que el gobierno de Moreno Bonilla ha entregado la FP a las empresas privadas con matrículas muy caras que impiden estudiar a la mayoría de los y las jóvenes andaluzas.
