Cada año, con el motivo del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación del Hambre y la Pobreza, salen publicados numerosos datos por la Red European Anti Poverty Network (EAPN), la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en todos los Estados de la UE. En España, dichos datos se basan en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que se realiza anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Red Andaluza EAPN, ha organizado el 17 de octubre, en Córdoba, una Mesa Redonda en la que participamos como Plataforma Renta Básica Universal, junto a Azahara Palomeque y José Esquinas. Se trataba de conversar sobre ideas relacionadas con la problemática de la juventud y cómo seguir avanzando en derechos; también sobre la importancia de intervenir política y socialmente para frenar el deterioro medioambiental, la pérdida de biodiversidad y el caos generado en el Planeta por el sistema neoliberal, tanto en relación al medio ambiente como en las alarmantes cuotas de pobreza y desigualdad, intolerables en el S. XXI.
Nos pareció esperanzadora la defensa que se hizo sobre la RBU, tanto en la Mesa como en el taller posterior, al contemplar la RBU como un instrumento posible para erradicar la pobreza, redistribuir la riqueza y favorecer el desarrollo personal de todos los seres humanos, de manera más digna, más libre y más autónoma. En definitiva, garantizar que todas las personas tienen sus necesidades básicas cubiertas y puedan ejercer todos los derechos políticos, económicos, culturales y sociales reconocidos en Los DDHH, La Carta Social Europea, la Constitución Española y la Carta de la Tierra. Nada de esto salió en la prensa.
Por otro lado, acordar objetivos, normativas y leyes, para luego no cumplirlas, demuestra una violencia institucional que es injusta, hipócrita y aleja a la ciudadanía de la participación política. De hecho, pensar que, según datos de 2024, sigue habiendo 13,5 millones de personas en España (el 25,8% según la Tasa AROPE) que viven en “riesgo de pobreza, carencia material social severa o en situación de Baja Intensidad en el Empleo,” es un fracaso de las medidas políticas y económicas que se llevan a cabo con la intención de erradicar la pobreza. Como sabemos, este es uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde el año 2015.
En Andalucía hay más de 3,2 millones de personas -el 35,6%- (tasa AROPE) en la situación descrita anteriormente y alrededor de un millón de ellas viven con ingresos extremadamente bajos, que no llegan a los 550 € por unidad de consumo. Es la Comunidad Autónoma, junto con Extremadura y Castilla la Mancha, que lidera la tasa más alta de Pobreza y Desigualdad, publicada este año.
Y no podemos olvidar que la brecha de género sigue existiendo porque las desigualdades en el empleo, en los salarios y en la manera de cómo se afrontan los cuidados y el trabajo doméstico, son factores que perpetúan la feminización de la pobreza.
Se demuestra año tras año que la pobreza forma parte del Sistema Económico– Productivo Neoliberal; el cual niega derechos fundamentales a las personas por carecer de un empleo estable y bien retribuido. No hay garantía de trabajos dignos para todas y, en alianza con el Patriarcado, el sistema sigue apropiándose del trabajo voluntario o forzado de las mujeres.
El origen de este día internacional nos traslada al 17 de octubre de 1987, en que se manifestaron miles de personas en Paris, exigiendo medidas que acabaran con la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Posteriormente, La ONU estableció este día en la resolución 47/196 invitando a todos los Estados a tomar medidas en esa dirección. Las palabras de Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, en 2002 decían: «la pobreza es una negación de los derechos humanos» de cada persona. De hecho, la pobreza es doblemente indignante. No solo conduce a la privación, el hambre y el sufrimiento diarios, sino que además impide el disfrute de los derechos y libertades fundamentales de que todo ser humano debería poder gozar sin obstáculos.»
De acuerdo con esta idea y a falta de 5 años para llegar al 2030, apostamos por la implantación de una Renta Básica, Universal, Individual y Suficiente, como medida económica de política social porque su implantación eliminará la pobreza desde el nacimiento y dará libertad a todos los seres humanos para transitar hacia una vida personal más satisfactoria y hacia una sociedad nueva, integradora, equitativa, sostenible y justa.
