25 de noviembre de 2025
Cada vez que se produce un nuevo asesinato de una mujer por su pareja o expareja nos produce escalofríos y una conmoción general; se ha normalizado esta violencia heredada de una concepción patriarcal injusta de las relaciones entre hombres y mujeres, olvidando que la convivencia se basa en el acuerdo.
Son muchas las mujeres atrapadas en este círculo de violencia que necesitan la protección del Estado y sus instituciones para llevar a cabo su proyecto de vida, amenazado o destruido en el seno del hogar. Mujeres que no encuentran las ayudas necesarias de carácter económico, psicológico y de recursos humanos, para desembarazarse de las cadenas que las atan al poder patriarcal. Mujeres que han perdido las fuerzas para enfrentarse a la realidad que las agrede y ellas mismas cierran la puerta, algunas veces, para esconder su tragedia y sus miserias ante la Comunidad (que no se sepa, que no se vea, ¡aquí no pasa nada!).
Y pasan muchas cosas. Andalucía sigue liderando el ranking de comunidades autónomas con 36.905 denuncias registradas por violencia de género en 2024; y hasta la fecha de hoy, el 25,4% de las mujeres asesinadas en este año, 13 mujeres, son andaluzas. Hay un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, revisado y ampliado en 2025, que incluye también la violencia económica, la digital y la vicaria como formas de violencia de género. Pero ¿dónde están los recursos para afrontar estas violencias, de manera que permitan a las mujeres reconducir su vida?
En muchos casos, los obstáculos para salir de esta situación, se asientan sobre la violencia económica que los agresores ejercen sobre ellas, impidiéndoles conocer los datos de la economía familiar y tomar decisiones; o cuando controlan el salario de éstas y ellos deciden en qué se gasta y en qué se ahorra. O, cuando, ya separados, ellos no pagan las pensiones de hijos e hijas. Las mujeres son las que se tienen que enfrentar a una vida tremendamente incierta.
Por otro lado, el mercado laboral no garantiza, siempre, la cobertura de las necesidades básicas, simplemente para vivir. En Andalucía, el 55% de las mujeres ocupadas, tienen sueldos anuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. El 17,17% está en paro. Y si bien el 93% de los hombres ocupados tienen la jornada completa, en el caso de las mujeres es el 78,6%, además, en sectores con menor estabilidad y peores condiciones laborales. Este clima de precariedad frena la toma de decisiones para iniciar una vida libre de la opresión.
Pensamos que, si el Estado controla todo el fraude fiscal, la elusión fiscal y hace que se cumplan todos los impuestos, incluidos los que se refieren al carbono, a la riqueza, a la tecnología, etc., puede asegurar la vida de estas mujeres y las de todas las personas que se encuentran en situaciones de pobreza y precariedad; priorizando favorecer a la ciudadanía antes que a la Banca. ¡Defendamos una Renta Básica, universal, incondicional y suficiente, mensual y permanente! Para vivir con seguridad.
