En los años 80, en el Reino Unido gobernado por Margaret Thatcher dio comienzo la era de las privatizaciones. Amparados en las entonces incipientes teorías económicas neoliberales que vomitaban economistas y académicos a sueldo del capital.
Proclamaban esos economistas, que desde el sector privado se podían gestionar las empresas y servicios públicos con más eficacia y un menor coste para los contribuyentes. El gobierno de Margaret Thatcher comenzó privatizando servicios públicos esenciales como el Transporte, las Telecomunicaciones, las empresas suministradoras de electricidad, agua, etc. Terminaron privatizando prácticamente todos los servicios públicos.
El Neoliberalismo implementado por los británicos se propagó rápidamente por todo el mundo. En la España de los años 80, el gobierno de Felipe González abrazó con entusiasmo y sin ningún disimulo las teorías neoliberales y dio comienzo en nuestro país a vorágine privatizadora que perdura hasta el día de hoy.
Felipe González inició la privatización de empresas estatales emblemáticas como Endesa, Repsol, Telefónica, SEAT, Argentaria, etc. Privatizaciones que culminó y multiplicó el Gobierno de Aznar. Todas esas empresas fueron mal vendidas a grandes multinacionales y fondos de inversión extranjeros que posteriormente supieron agradecer esos regalos de los gobiernos de Felipe González y Aznar premiando a ambos con asientos en sus Consejos de Administración y suculentos sueldos. Corrupción pura y dura.
El gran capital percibió que había un gran nicho de negocio en los servicios públicos, primero pusieron el ojo en los Ayuntamientos, y es así como a día de hoy, en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de nuestro país, están privatizados servicios municipales como la recogida de Basura, la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, el suministro de agua y el servicio de ayuda a domicilio, entre otros muchos.
Resulta escandaloso ver cómo personajes como Florentino Pérez, los Entrecanales o las Koplowitz y grandes empresas como ACS, Acciona, PreZero, FCC, Atende, Licuas… Se llevan en nuestra provincia millones de euros de beneficios de las empresas privatizadas a la vez que empeoran la calidad de esos servicios municipales y deterioran las condiciones laborales de los trabajadores.
Lamentablemente, no solo es la derecha neoliberal la que ha sucumbido a la fiebre privatizadora, la mayoría de los municipios gobernados por los partidos de izquierdas que se autoproclaman defensores de lo público también tienen la mayor parte de sus servicios municipales privatizados.
Ahora el gran capital ha decidido hacer también negocio con la sanidad pública, la educación pública y las pensiones. Las consecuencias de ello la podemos percibir cada día, con un deterioro creciente de nuestros sistemas sanitario y educativo y un continuo ataque al sistema público de pensiones.
Cuatro décadas después del inicio de esas privatizaciones, ya no hay debate académico sobre el tema. Se ha venido a demostrar empíricamente lo que algunos anticipamos desde el principio: las privatizaciones no son ni más eficaces ni más económicas para los contribuyentes. De media, resultan un 27% más caras que los servicios de gestión pública y sus beneficios los obtienen esas empresas reduciendo la calidad de los servicios y deteriorando gravemente las condiciones laborales de sus trabajadores.
Revertir esas privatizaciones es indispensable si queremos legar a nuestros hijos y nietos unos servicios públicos de calidad y eso solo se puede conseguir mediante la organización y movilización permanente en la calle de todos los que creemos en lo público. Exijamos a los políticos que eliminen todas las leyes privatizadoras, que se recuperen desde los Ayuntamientos todos los servicios privatizados y que se blinde en la Constitución el carácter público de nuestra Sanidad, Educación y Pensiones.
