Presidenta de FAMPA Córdoba.
Hablar de educación pública es hablar del futuro de nuestra sociedad.
En Andalucía, y de forma particular en nuestra provincia de Córdoba, la educación pública sigue siendo el principal pilar de igualdad y cohesión social, sin embargo, pese a su importancia incuestionable, continúa arrastrando problemas estructurales que, lejos de resolverse, parecen cronificarse con el paso de los años.
La educación pública andaluza ha sido históricamente un ascensor social para miles de familias. En nuestra comunidad, con importantes desigualdades económicas y territoriales, la escuela pública ha garantizado que el lugar de nacimiento o el nivel de renta no determinasen por completo las oportunidades vitales del alumnado. No obstante, la realidad diaria en muchos centros educativos cordobeses y andaluces, dista mucho del ideal que debiera representar un sistema público fuerte.
Las ratios elevadas en las aulas, especialmente en zonas urbanas y en determinados institutos, la falta de recursos materiales, la falta de recursos humanos, dificultan una atención individualizada y de calidad. A ello, se suma una situación que se agrava en el medio rural, donde los centros educativos cumplen además una función social clave para mantener vivos los municipios.
La atención a la diversidad es otro de los retos pendientes. Aunque en los discursos institucionales se habla de inclusión, la realidad es que muchos centros carecen de personal especializado suficiente: orientadores, pedagogos terapéuticos, audición y lenguaje o educadores sociales. Nuestra sociedad es cada vez más diversa y compleja, y la escuela pública necesita más apoyo, no menos, para garantizar que ningún alumno o alumna se quede atrás.
Resulta igualmente preocupante la progresiva pérdida de peso de la educación pública frente a la concertada. En Andalucía, las políticas educativas de los últimos años han estado inclinadas a favorecer la expansión de la enseñanza concertada en detrimento de la pública. En una provincia como Córdoba, donde la red pública está ampliamente implantada y cumple una función vertebradora, esta tendencia puede tener consecuencias graves a medio y largo plazo.
La educación no debe entenderse como un mercado, sino como un derecho fundamental.
Otro de los grandes problemas es la inestabilidad del profesorado. La alta temporalidad y la rotación constante de docentes afectan directamente a la continuidad de los proyectos educativos. En muchos centros de Córdoba, especialmente en contextos socialmente desfavorecidos, cada curso comienza casi desde cero, con equipos docentes que cambian y con alumnado que necesita referencias estables.
Apostar por la educación pública implica también dignificar la labor docente y ofrecer condiciones laborales que permitan desarrollar su trabajo con seguridad y motivación.
A pesar de este panorama, sería injusto no reconocer el enorme esfuerzo que realizan los centros educativos, los docentes y las familias. En Córdoba existen numerosos ejemplos de innovación pedagógica, compromiso social y proyectos educativos que funcionan gracias a la implicación de la comunidad educativa, muchas veces supliendo carencias de la administración. Esa dedicación demuestra que la educación pública no está en crisis por falta de voluntad, sino por falta de inversión y planificación a largo plazo.
Defender la educación pública en Andalucía y en Córdoba no es una cuestión ideológica, sino una apuesta por una sociedad más justa, crítica y cohesionada. Requiere valentía política, recursos suficientes y una visión que vaya más allá de los ciclos electorales. Invertir en educación no es un gasto, es la mejor inversión posible.
En definitiva, la educación pública cordobesa necesita ser escuchada, cuidada y fortalecida. El futuro de la provincia, y de Andalucía se construye cada día en sus aulas. Ignorar esta realidad sería hipotecar el mañana de toda una generación.
