Ya en 2019 el Consejo de Distrito Sureste manifestó su rotundo rechazo a la cesión arbitraria y contraria de los intereses de la vecindad de un bien publico. Especialmente cuando afecta a la más vulnerable por no tener empleo ya que se trata de la enajenación de un bien público de toda la ciudadanía, a un particular, máxime cuando se trata de hacerlo con edificios cuya finalidad es precisamente el fomento de empleo.
El gobierno municipal, disponiendo de un bien de todos, explica el organismo, “va a prorrogar la cesión no sólo del espacio que ya ocupa una organización patronal en el polígono de El Granadal, sino todo el edificio y no por un tiempo menor, que lo hará nada menos que por 20 años”.
“Ni en 2015 cuando se cedió parte del edificio, existía una norma que se prometió llegaría para la regulación de las cesiones, ni lo hay ahora, y así las cesiones, acaban siendo un trato entre partes más que el cumplimiento de esa inexistente norma reguladora de cesión de espacios”, explica el Consejo Ciudadano, que además señala las distintas cesiones de este tipo de espacios como por ejemplo la manzana donde se ubicaba el matadero comarcal, el centro de coworking en la calle Conquistador Ordoño Álvarez, el estadio de fútbol El Arcángel; a los que ahora se le sumaría el centro de empleo del Granadal.
Es por todo esto que los colectivos ciudadanos que componen este Consejo de Distrito, estupefactos con estas prácticas, reclaman que los centros para el empleo financiados con dinero público se destinen para eso y no para otros menesteres. De la misma forma, que el patrimonio público no acabe siendo privatizado al gozar de un tiempo de 20 años de cesión condicionando su uso público futuro. Por último, exigen una ordenanza reguladora que señale, ordene y regule los posibles espacios susceptibles de ser cedidos que evite prácticas que, de facto, acaban por perderse del patrimonio municipal en beneficio de terceros.
