Este año 2025 Europa Laica ha elegido una nueva Junta Directiva. Cuando se van a cumplir 25 años de su fundación, nos preguntábamos si tiene sentido, en pleno siglo XXI, en un país «moderno» y de los más desarrollados, mantener asociaciones que defiendan la necesidad del laicismo en un Estado democrático. ¿No debería ser algo evidente y practicado de manera natural? ¿Todavía hay que explicar que la libertad de pensamiento y de creencias y la igualdad de todas las personas, sin privilegios, es fundamental para funcionar en una verdadera democracia? Pues parece ser que sí.
Por muy incomprensible y anacrónico que nos parezca a muchas personas, el confesionalismo nos inunda en las instituciones y en la vida diaria. Pasados ya 47 años de la Constitución en la que se dice en su Art. 16.3: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», la Iglesia católica conserva un inmenso poder y un sinfín de privilegios, posiblemente más que hace décadas. La justificación se busca en la continuación del texto de ese artículo: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», con una interpretación muy particular. Porque según el CIS el 40% de la ciudadanía dice no tener ninguna religión (mayor porcentaje entre la juventud) y sólo el 18% dice ser “practicante” (aunque no cumpla con todos los preceptos) y casi otro 40% se define como religioso “no practicante”. Ergo, no se puede justificar el incumplimiento del “aconfesionalismo” por tener en cuenta las creencias del 18% de la población ignorando el sentir de la mayoría. Es un doble incumplimiento del articulo 16.
Por otro lado “mantener relaciones de colaboración” no tiene que implicar el confesionalismo del que el Estado hace gala: participación oficial en actividades religiosas; reconocimiento de los líderes religiosos como autoridades públicas; mantenimiento económico del clero, la jerarquía, las estructuras; exención de impuestos y privilegios fiscales; cesiones de suelo; adjudicación de servicios públicos como la Sanidad o la Educación, así como todo tipo de servicios sociales (casi 13.000 millones de euros anuales); cesión de la mayor parte del patrimonio histórico artístico del Estado e inacción ante el expolio inmobiliario, etc.
El otro gran “argumento jurídico” para tanta aberración es los Acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979, que son preconstitucionales y deberían derogarse por anticonstitucionales. Estos acuerdos son leoninos para el Estado, pero la interpretación y la concreción de las actuaciones supera en mucho la letra de dichos textos. No es cierto que éstos “obliguen” a dar dinero público a los centros educativos religiosos, o a ceder a instituciones de la Iglesia Católica los servicios sanitarios o sociales, ni a eximir de impuestos a cualquier entidad de la Iglesia. Para colmo, en los propios acuerdos económicos se plasma el “compromiso” de la I.C de autofinanciarse, sin que se cumpla 46 años después.
Y la situación sería aún peor sin la existencia de asociaciones como Europa Laica, que todos estos años ha venido denunciando estas actuaciones, presentando propuestas y haciendo una gran labor pedagógica. Ese trabajo ha contribuido, sin duda, a conseguir algunos avances en derechos individuales como la legislación sobre el aborto, las libertades sexuales, el derecho a la muerte digna o el matrimonio igualitario. La continua insistencia de nuestras campañas, denuncias y opiniones han puesto en candelero debates necesarios sobre el Estado Laico, la religión fuera de la escuela, la separación Iglesia-Estado, la propuesta de la Ley de libertad de conciencia, los derechos y la libertad de conciencia del menor, el no marcar las casillas de la asignación a la Iglesia en la declaración del IRPF; los privilegios de la Iglesia católica, etc.
Ahora debemos seguir trabajando, con todos los colectivos y las personas comprometidos con una verdadera democracia, con el objetivo de que el 40% no creyente, el 40% creyente no practicante y todos los creyentes practicantes demócratas entiendan la necesidad del laicismo para la propia libertad individual y colectiva, para tener una verdadera democracia, y actúen en consecuencia, en su vida diaria y en las exigencias al Estado y sus administraciones.
Una tarea fundamental es dar la batalla cultural. Actuaciones continuadas de información y formación, llenas de pedagogía y multiplicando la difusión. Hay que aclarar conceptos intencionadamente falseados, transmitir informaciones y conocimiento, denunciar aberraciones y ataques a la aconfesionalidad que inciten a reflexionar y posicionarse.
Hay que seguir denunciando públicamente, de manera continuada, todos los comportamientos inconstitucionales, todos los privilegios, todos los anacronismos, en muchos casos nacionalcatólicos.
Al mismo tiempo, exigir a nuestros representantes políticos y a nuestras instituciones los comportamientos aconfesionales y la coherencia en la representación de una ciudadanía diversa, que implica actuaciones no partidistas y con el objetivo del bien común. Demandarles apoyar iniciativas legislativas como la demorada Ley de libertad de conciencia; la reforma del código penal para eliminar el atávico delito de blasfemia; los decretos para la recuperación del Patrimonio expoliado; las normativas para sacar la religión del currículum escolar; las reformas legislativas y normativas que eliminen los privilegios económicos de las Iglesias. Pedirles que desarrollen Protocolos de laicidad en las Instituciones, que incluyan la separación clara de las creencias religiosas individuales y la representación institucional de toda la población, la promoción de celebraciones civiles (recibimiento de nuevos nacimientos, alcanzar la mayoría de edad, bodas, despedidas y otros).
Es fundamental que trabajemos por una Escuela pública, laica y de calidad, como garantía para alcanzar una sociedad tolerante, igualitaria, respetuosa de los derechos humanos, formada científicamente y libre de supersticiones y adoctrinamientos. Esto debería ser un empeño prioritario de sindicatos y asociaciones pedagógicas del profesorado, las familias, asociaciones de alumnado…
Lo más importante es la actuación de cada persona en su entorno, reflexionando sobre sus comportamientos y en las relaciones con las demás personas, manteniendo una clara coherencia entre lo que se piensa y se hace.
Parafraseando la frase del presidente Suarez, «Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”. Yo añado, “ racional y lógico”.
