El término inquiocupación no aparece en ninguna ley española ni en el Código Penal. De hecho, el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha visto obligado a eliminar esa palabra del borrador de su propuesta de Ley de Vivienda, al reconocer que carece de validez jurídica y podría inducir a error. Se trata de una invención mediática que mezcla dos realidades distintas: la ocupación ilegal de viviendas (ya penada por la ley) y el impago de alquileres, que es un conflicto civil regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Usar ese término de forma intencionada es mentir a la ciudadanía y sembrar alarma social.
VOX pretende criminalizar a las familias inquilinas
Con esta moción, VOX pretende equiparar a familias que atraviesan dificultades económicas con delincuentes. Detrás de su discurso de “defensa de la propiedad” se esconde una estrategia de estigmatización contra quienes sufren los efectos de la precariedad, los alquileres abusivos y la falta de vivienda pública. Dejar de pagar el alquiler no convierte a nadie en okupa.
La moción de VOX es ideológica, no jurídica
La propuesta de VOX no aporta soluciones reales a los problemas de vivienda en Córdoba: no propone más vivienda pública, no refuerza los servicios municipales de mediación, no ofrece ayudas al alquiler ni a los pequeños propietarios, y excluye deliberadamente el derecho constitucional a una vivienda digna (artículo 47 CE), al tiempo que invoca de forma sesgada el derecho a la propiedad privada (artículo 33 CE).
Los datos desmontan el discurso alarmista
Según los datos del Ministerio del Interior, los casos de ocupación ilegal en España no superan el 0,1% del parque de viviendas, y la inmensa mayoría afectan a inmuebles vacíos de bancos o fondos buitre. La supuesta “inquiocupación” no tiene registro alguno porque no existe como figura legal.
Defendemos una política de vivienda justa, no del miedo
Reclamamos que el Ayuntamiento de Córdoba centre sus esfuerzos en políticas públicas reales: reforzar los servicios de mediación, impulsar vivienda pública, ampliar ayudas al alquiler, volver a poner en marcha la oficina municipal en defensa de la vivienda y lanzar campañas informativas basadas en datos, no en bulos.
El derecho a la vivienda y a la propiedad no son incompatibles
Defendemos un modelo de ciudad donde el derecho a la propiedad no sirva para vulnerar el derecho a la vivienda digna. La convivencia se construye con justicia social, empatía y soluciones reales, no con discursos de odio.
Conclusión
Garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible es, en realidad, la mejor política contra la ocupación.
La inmensa mayoría de las personas que ocupan una vivienda no lo hacen por voluntad, sino por necesidad, porque no tienen otra alternativa y se enfrentan a la exclusión o a dormir en la calle. Por eso, insistimos: la respuesta no puede ser la criminalización, sino la justicia social, la prevención y la garantía de derechos.
