La reciente publicación de la orden de supresiones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha dejado en evidencia un drástico recorte en la educación pública andaluza, afectando principalmente a las etapas de infantil y primaria. La medida, que suprime 1.075 aulas y crea únicamente 369, refleja un saldo alarmantemente negativo en este curso académico.
Sevilla lidera este ranking negativo con la desaparición de 163 aulas, seguida de Cádiz (120) y Málaga (88). Las restantes provincias también presentan cifras preocupantes: Granada pierde 62 aulas, Córdoba y Jaén 47 cada una, Huelva 39 y Almería 31. De las aulas suprimidas, 336 corresponden a educación primaria y 714 a infantil, lo que revela una tendencia de desmantelamiento progresivo de estas etapas formativas fundamentales.
Además, la situación se agrava con la eliminación de 371 puestos docentes según los presupuestos educativos de 2025. Esto no solo precariza aún más la estabilidad laboral de maestros interinos, sino que genera un “tapón” en las bolsas de trabajo, provocando desplazamientos masivos de funcionarios y afectando la calidad educativa.
Recortes versus inversión en la privada concertada
Desde el sindicato USTEA, se rechaza el argumento oficial de la Consejería de Educación, que justifica los recortes por la caída de natalidad. Según sus datos, mientras la enseñanza pública ha perdido cerca de 90.000 estudiantes en la última década, la educación privada concertada ha ganado 10.000 matrículas. Este desequilibrio pone de manifiesto lo que el sindicato califica como un “modelo ideológico” que favorece a la enseñanza privada en detrimento de la pública.
De hecho, los presupuestos de 2025 destinan 72 millones más a la educación concertada, elevando su inversión a más de 1.000 millones de euros, una cifra que contrasta con los recortes en la pública. La creación de 109 aulas en modalidades de atención a la diversidad, aunque necesaria, no compensa la falta histórica de recursos en este ámbito.
Una lucha por la educación pública
USTEA advierte que este ataque a la educación pública no tiene precedentes: las aulas eliminadas este curso representan un 45,27% más que las del año anterior, y el total casi iguala la suma de las supresiones de los últimos tres años juntos. Ante esta situación, el sindicato anuncia que continuará sus movilizaciones y acciones reivindicativas para frenar este desmantelamiento y exigir un modelo educativo público de calidad.
El cierre masivo de aulas no solo afecta a los docentes y al alumnado, sino que también pone en jaque el futuro de una educación pública que históricamente ha sido un pilar para la igualdad de oportunidades en Andalucía. Frente a un panorama donde la inversión se desvía hacia el sector privado, la comunidad educativa reclama un compromiso firme con el fortalecimiento de la escuela pública, especialmente en un contexto de creciente desigualdad social.
