Las asociaciones vecinales estamos llamadas a velar por los derechos de nuestros barrios. Y eso implica no solo resistir al desmantelamiento de la periferia—defender servicios como los centros cívicos, la calidad de los parques o la accesibilidad en las calles— sino también realizar la labor de pensar en cómo continuar ampliando y expandiendo derechos: preguntarnos cómo hacer el barrio más habitable, qué infraestructuras son necesarias para sostener la vida cotidiana y cuáles no, o cómo integrar plenamente a quienes hoy quedan fuera de la vida comunitaria.
Esto debería ser una obviedad. Sin embargo, el desgaste de algunas organizaciones vecinales, envejecidas y con menor capacidad de movilización, junto con la asunción de un papel secundario por parte de muchos colectivos sociales, está diluyendo esa perspectiva.
Esa renuncia nos está acercando a posturas conservadoras y en algunos casos a marcos de extrema derecha, porque sí, cuando pedimos un policía en cada esquina y no más proyectos sociales y planes de empleo, cuando sacamos un asentamiento en prensa como un problema de seguridad o rechazamos para nuestro barrio un centro de sinhogarismo para que la alternativa acabe siendo situar ahí la sede de la UNED (¿qué servicio hace al barrio?), en lo que se cae es en eso: el marco ideológico de la extrema derecha.
Entonces, cabe la siguiente pregunta: ¿Qué nos diferencia de la tertulia de Espejo Público o Ana Rosa Quintana? ¿De la propaganda de las empresas de seguros? Esas que dicen que te van a ocupar la casa al bajar a comprar el pan. Si lo que nos preocupa principalmente y la primera demanda es la seguridad en el barrio, o bien coincidimos con esa idea, o bien nos han ganado la batalla ideológica. Porque que yo sepa, la policía no es un instrumento capaz de acabar con la pobreza crónica.
Sin embargo, la alternativa a un policía en cada esquina existe, y empieza por reforzar los servicios sociales: equipos potentes, coordinados con la enorme red de asociaciones del barrio; con suficientes trabajadores y educadores sociales, animadores socioculturales y monitores. Y con colectivos que dispongan de los recursos necesarios para hacer promoción del barrio e impulsarlo. Todo ello acompañado de unas instituciones —desde el propio Ayuntamiento— que de verdad crean en la participación ciudadana, la escuchen y la financien.
Las personas no acaban en la droga, en la economía sumergida o durmiendo en un parque por azar o por elección. Nadie quiere vivir en la calle. Cuando alguien llega a ese punto es porque algo ha fallado antes: la educación no ha sido suficiente, el entorno familiar ha estado precarizado, el acceso a un empleo digno ha sido un espejismo, el alquiler o la hipoteca le han expulsado de su hogar, los servicios sociales han llegado tarde o no han llegado nunca. Ni cabe decir que, todos estamos a una mala racha, un despido, una enfermedad o una subida del alquiler de vernos en una situación límite.
Y con este tipo de mensajes, de reivindicaciones, de políticas (porque las asociaciones vecinales sí, hacemos política) solo reforzamos el marco ideológico que criminaliza la pobreza y refuerza el statu quo, lo establecido, como lo único válido. Un marco que no busca solucionar nada, solo señalar y culpar al que sufre, convirtiendo el malestar social en un arma contra los más vulnerables.
Es el mismo discurso que expulsa al diferente, al pobre, al migrante, al que no entra en la foto bonita del barrio (aunque la realidad sea que todos los barrios tienen su miseria).
“¡Mira!
Esos desesperados,
no son bienvenidos
¡Es que es una invasión!
sí,
la de los invadidos.
El enemigo es el capitalista,
no la patera,
nativa o extranjera
es la misma clase obrera.”
