Desde los primeros días del golpe de estado contra la Segunda República hasta finales de la década de los 40 del siglo XX, un programa organizado de terror y violencia contra los vencidos se abatió sobre la capital cordobesa y el conjunto de la provincia. El resultado de esta brutal represión –aplicando primero los ilegales bandos de guerra y a partir de 1937 los no menos ilegales juicios sumarísimos– se evidencia y muestra ahora ante nuestros ojos en las fosas comunes del franquismo, en las que los restos de miles de mujeres y hombres asesinados y desaparecidos continúan aún, tras casi medio siglo de una democracia que ha incumplido su deber de memoria en relación con las víctimas y sus descendientes.
Durante los años 2024 y 2025 se ha venido desarrollando la tan esperada intervención en Córdoba. Cuando ya ha finalizado el periodo previsto por el Convenio de Exhumación, los resultados muestran la falta absoluta de compromiso político y de respeto o empatía con los familiares de las víctimas (las que aún viven, porque muchos han desaparecido sin poder cerrar el duelo y recuperar a sus padres o abuelos) que las Administraciones dirigidas por el PP –gobierno autonómico y ayuntamiento de Córdoba– han mantenido durante todo este difícil proceso, incumpliendo los derechos de víctimas y familiares. Las cifras finales son elocuentes: Tras una inversión pública de más de un millón y medio de euros, la cifra total de personas represaliadas exhumadas no llega a las doscientas. Las últimas investigaciones historiográficas sitúan en torno a 5.000 las personas asesinadas, lo que nos llevaría con el ritmo actual a finales de siglo XXI para concluir el proceso de exhumación, ya sin hijos ni nietos a la espera. Más grave aún resulta que no se haya obtenido ninguna identificación genética positiva de los exhumados, con lo que ningún familiar ha podido recibir los esperados restos de sus ascendientes asesinados, cuestión ésta sin duda relacionada con los pobres resultados obtenidos en la recogida de muestras genéticas a familiares (en torno a 250 entre 2019 y 2024) lo que a su vez puede explicarse por la ausencia de programas e iniciativas oficiales de búsqueda de familiares.
Pero no se trata sólo de Córdoba ciudad. También en muchas localidades repartidas por toda la geografía provincial se han llevado a cabo exhumaciones en fosas con decenas o centenares de víctimas sin los recursos financieros y materiales adecuados, en condiciones precarias e indignas para los familiares y para los propios restos de las mujeres y hombres allí asesinados y sepultados irregularmente por la dictadura. Los casos recientes de Palma del Rio o Hinojosa del Duque constituyen dos tristes ejemplos del tratamiento inadecuado y discriminatorio que se está llevando a cabo en diferentes pueblos de la provincia.
Tras largas décadas de espera y olvido, es de justicia exigir a todas las Administraciones del Estado –Ayuntamientos, Diputación, Junta y Gobierno Central– que las exhumaciones actualmente en curso y las previstas cumplan las condiciones que marcan las leyes de Memoria y, sobre todo, que exigen la dignidad y los derechos humanos de víctimas y familiares. El actual gobierno municipal de Córdoba es directamente responsable de la falta de atención y de información a los familiares, así como de la ausencia de iniciativas y actuaciones para su búsqueda activa, manteniendo vacía de contenido la Oficina de Víctimas, negando la participación a colectivos memorialistas, ignorando la desastrosa gestión de las pruebas de ADN y, en definitiva, realizando las intervenciones de espaldas a la ciudadanía.
Para mejorar radicalmente el modelo y la práctica de intervención en las Fosas hasta ahora seguido (no nos sirve el mejor esto que nada), haría falta incluir en los nuevos y urgentes protocolos de exhumación, medidas como las siguientes:
- Una vez abiertas, las fosas no deben cerrarse hasta que concluya toda la intervención. Lo que está ocurriendo en diversas localidades de la provincia de Córdoba, en las que se abren y cierran fosas de modo repetido tras exhumaciones precarias e incompletas constituye un agravio para los familiares y un deterioro para los restos de las víctimas, y no puede seguir produciéndose.
- La cuestión central del ADN debe ser resuelta, garantizando la prontitud y eficacia en la identificación genética y la comunicación de resultados a los familiares. No puede tolerarse lo ocurrido en las exhumaciones de Córdoba y otras localidades, donde han pasado años entre la toma de muestras genéticas y la comunicación de los resultados a los familiares. Los convenios deben incluir partidas presupuestarias de búsqueda de familiares para la realización de estas pruebas.
- Asimismo, debe garantizarse el funcionamiento adecuado y eficaz de las Oficinas de Víctimas, dotándolas de financiación y recursos humanos adecuados y estableciendo la participación ciudadana y de asociaciones memorialistas.
- Tanto las leyes de Memoria estatal y autonómica como los protocolos internacionales establecen la obligatoriedad por parte de las instituciones estatales de comunicar a las autoridades judiciales las evidencias de posibles delitos de Lesa Humanidad aparecidas en las intervenciones de exhumación. Estos delitos no son amnistiables ni están sujetos a perdón por leyes de punto final, por lo que tanto la Junta de Andalucía como los Ayuntamientos deben comunicar o denunciar a la Fiscalía de la Memoria la aparición de dichas evidencias.
Si en los próximos cinco años no se llevan a cabo las exhumaciones en condiciones dignas de la totalidad de las fosas provocadas por la violencia franquista, habremos perdido para siempre la batalla por la Memoria Democrática y esta responsabilidad histórica recaerá sobre el Estado monárquico-liberal surgido de la Transición.
