El próximo curso volveremos a celebrar elecciones sindicales. Son importantes porque deciden quién nos representará ante la Administración de la Junta de Andalucía, pero también porque nos obligan a reflexionar sobre la situación de la educación pública y sobre el papel que tenemos quienes trabajamos en ella.
Durante años hemos visto cómo aumentaba la presencia de intereses privados en espacios que, hasta ahora, habían formado parte de lo público. Lo vemos en la Formación Profesional, en determinados modelos de financiación, como los conciertos educativos, o en la externalización de servicios esenciales como la limpieza. Son procesos que suelen presentarse como decisiones inevitables o más eficientes, pero que en realidad abren nuevos nichos de mercado allí donde antes había servicios públicos. Las consecuencias las conocemos bien: precarización de las condiciones laborales y un deterioro progresivo de los centros educativos.
¿Y qué proponemos? Reclamamos menos alumnado por aula, más profesorado, más recursos para atender las necesidades reales de los centros y una mayor estabilidad de las plantillas. Quienes trabajamos en las aulas sabemos que los discursos grandilocuentes sobre innovación o excelencia sirven de poco cuando faltan medios para desarrollar el trabajo diario en condiciones adecuadas.
Cuando los recursos son insuficientes, quienes más lo sufren son las familias trabajadoras. Mientras algunos pueden recurrir a alternativas privadas, una gran parte de la población depende de que los servicios públicos dispongan de los medios necesarios para cumplir su función. Es por ello, que la defensa de la educación pública va ligada a una clase social. Porque las vidas de los hijos e hijas de la clase obrera dependen de este servicio.
Las movilizaciones de Valencia y la imagen de una maestra jubilada siendo empujada durante una protesta se han convertido en un símbolo de algo más profundo. Fue más que un empujón. Fue la expresión visible de un malestar acumulado ante el deterioro de servicios públicos que durante décadas han formado parte de los derechos conquistados por la clase trabajadora.
Las elecciones sindicales serán una oportunidad para reforzar la representación del profesorado que defiende la pública. Pero también para recordar que los avances colectivos nunca dependen únicamente de quienes negocian. Dependen, sobre todo, de la implicación de quienes participan, se organizan y defienden sus derechos en los centros de trabajo.
Conviene no olvidar que existen diferentes formas de entender la acción sindical: una que se limita a gestionar lo existente, a defender solo al gremio sin ligar los problemas del mismo con problemas estructurales de la sociedad y otra que aspira a organizar, movilizar y a conquistar derechos de toda una clase. Porque las conquistas que hoy consideramos normales no aparecieron por sí solas. Fueron fruto de la organización y de la lucha colectiva, y solo así podrán seguir existiendo en el futuro. Defendamos la escuela de la clase obrera.
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