Anteriormente reflexionábamos sobre el acceso a la vivienda y los mecanismos de expulsión de la ciudadanía de los barrios donde ha construido su vida. Pero existe otra forma de exclusión, menos visible y no por ello menos profunda: la expulsión cultural.
Una ciudad también se construye a través de los espacios donde sus habitantes crean, se encuentran, debaten y generan un imaginario compartido. Cuando esos lugares dejan de responder a las necesidades de la comunidad y pasan a regirse por lógicas ajenas al territorio, la ciudad pierde capacidad para reconocerse a sí misma y para proyectar al exterior una identidad propia.
La cultura, igual que el urbanismo, debería ser una herramienta de cohesión social y de redistribución de oportunidades. Las políticas culturales tendrían que garantizar espacios públicos para la creación, la participación y el encuentro. Sin embargo, asistimos a decisiones que debilitan el tejido cultural local y reducen la capacidad de la ciudadanía para construir un proyecto cultural propio.
La progresiva privatización o externalización de equipamientos públicos es una muestra de ello. No solo está en juego el derecho a permanecer en nuestros barrios, sino también el derecho a producir, compartir y disfrutar la cultura desde lo público. Cuando los espacios comunes dejan de concebirse como bienes colectivos, la ciudad se convierte en un escaparate donde las decisiones culturales responden más a intereses privados y externos que al interés general.
El debate abierto en Córdoba sobre el futuro espacio expositivo en Caballerizas Reales ilustra esta situación. El Ayuntamiento ha firmado un protocolo con el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM), una entidad privada con sede en Barcelona, para instalar una subsede en este edificio histórico. La iniciativa ha generado un amplio debate entre profesionales, agentes culturales y ciudadanía, tanto por el modelo de gestión propuesto como por el procedimiento seguido. Cientos de personas vinculadas al ámbito artístico, cultural y social han expresado públicamente su rechazo, reclamando mayor transparencia, participación y concurrencia en una decisión que afecta a un equipamiento público de gran valor patrimonial.
Pero el verdadero debate no es la llegada de una institución concreta, sino el modelo cultural que necesita Córdoba. Una ciudad con un sólido tejido de artistas, comisarios, investigadores y asociaciones debería priorizar proyectos que fortalezcan ese ecosistema, ya que cuenta con creadoras capaces de dialogar con los grandes debates contemporáneos desde una mirada arraigada en el territorio y conectada con los desafíos globales.
Paradójicamente, el ámbito municipal apenas dispone de espacios estables dedicados a la creación contemporánea local. En lugar de aprovechar una infraestructura pública como ésta para impulsar ese patrimonio creativo mediante fórmulas abiertas y colaborativas, se opta por un modelo que suscita un amplio cuestionamiento.
La cultura no es exclusivamente un recurso para la promoción o el turismo; es un derecho, un bien común y un elemento esencial de la democracia. Porque la expulsión urbana no siempre comienza perdiendo habitabilidad, también empieza cuando la ciudadanía deja de reconocerse en sus espacios culturales y cuando las decisiones sobre el patrimonio colectivo dejan de construirse con quienes viven, crean y sostienen la ciudad.
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