El futuro de Andalucía no se decide solo: se vota este 17M
Andalucía se encuentra, una vez más, ante una decisión que trasciende lo inmediato. No se trata únicamente de una convocatoria electoral. Se trata de una cita vital con su propia historia, con su identidad colectiva y con la responsabilidad de preservar aquello que generaciones anteriores conquistaron con esfuerzo, organización y dignidad.
Conviene recordarlo.
Hubo un tiempo en el que Andalucía fue relegada a un papel secundario, condenada a la invisibilidad en el marco de las grandes decisiones del país. Y, sin embargo, lejos de resignarse, este pueblo respondió. Las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 no fueron un gesto simbólico ni una expresión puntual de descontento: constituyeron una afirmación colectiva de dignidad. Aquel impulso ciudadano abrió el camino hacia el autogobierno, culminando en el referéndum de 1980.
Nada fue regalado, sino fruto de conquistas sociales.
Ese legado no es retórico ni pertenece al pasado. Define el presente. Andalucía es, ante todo, una comunidad que ha demostrado que cuando su gente se moviliza, cuando decide implicarse, es capaz de cambiar el rumbo de su historia.
Precisamente por ello, el momento actual exige una reflexión y una implicación profunda.
Resulta innegable que muchas de las conquistas que estructuran nuestro modelo social hoy día sufren un grave deterioro y retroceso. La sanidad pública pierde capacidad y las listas de espera crecen, la posibilidad de una cita para el médico de cabecera se va a una media de 15-20 días; la educación cierra líneas en lo público mientras se alimenta la concertada, sólo en el último curso, Andalucía ha perdido entre 350 y más de 500 aulas públicas, consolidando una tendencia de recortes que ya suma miles de clases eliminadas en los últimos años; la formación profesional restringe su oferta mientras le dan ciclos a la privada; el sistema de dependencia no responde con la agilidad necesaria, no se trata de un “retraso administrativo, sino de abandono institucional; el acceso a la vivienda se aleja cada vez más de amplias capas de la población, y es que Andalucía lidera hoy el número de viviendas turísticas en España, con más de 96.000, tras años de crecimiento descontrolado que ha disparado los precios y expulsado a la gente de sus barrios, y con viviendas sociales a un precio imposible para la mayoría social; y así un suma y sigue. Y no, no se trata de percepciones aisladas, sino de realidades que afectan al día a día de miles de familias, que afectan a las condiciones materiales de vida de los andaluces y andaluzas.
Ante este escenario, existe un riesgo evidente: la normalización del retroceso, la normalización de este modelo especulativo y depredador de la vida.
Aceptar que “no hay alternativa”, asumir que “todos son iguales” o instalarse en la resignación o desafección solo contribuye a consolidar dinámicas que debilitan lo público y amplían las desigualdades. Y Andalucía, por su propia trayectoria histórica, no puede permitirse ese camino.
A ello se suma otro factor determinante: la fragmentación de quienes comparten la defensa de los servicios públicos, la igualdad y la justicia social. La experiencia histórica demuestra que la división no enriquece cuando lo que está en juego es estructural; por el contrario, debilita la capacidad de respuesta y abre espacio a modelos que priorizan el interés de unos pocos sobre el bienestar colectivo.
En este contexto, los esfuerzos de distintos espacios de la izquierda por articular espacios de unidad deben interpretarse desde una lógica de responsabilidad y de dar respuesta y solución a las reivindicaciones y peticiones de la ciudadanía que pide unidad, debe de entenderse como la comprensión de que existen momentos en los que lo común debe prevalecer, y que sólo así seremos capaces de disputar el gobierno en Andalucía y de tener fuerza para parar al fascismo y al capitalismo salvaje que nos devora.
Frente a este debate de fondo, emergen también discursos que pretenden simplificar la complejidad social bajo consignas aparentemente claras, como la llamada “prioridad nacional”. Conviene señalarlo con rigor: esa idea, presentada como solución, constituye en realidad una falacia. No responde a los problemas reales de la ciudadanía ni mejora las condiciones de vida de la mayoría. Al contrario, desplaza el foco, introduce división y construye falsos enfrentamientos entre quienes comparten, en esencia, las mismas dificultades.
La verdadera prioridad no puede ser un eslogan identitario. La verdadera prioridad es la persona.
Es garantizar condiciones materiales de vida dignas, con independencia de su origen. Es asegurar el acceso efectivo a la sanidad, a la educación, a la vivienda y a los cuidados. Es fortalecer lo común para que nadie quede atrás. Todo lo demás no solo es insuficiente, sino que contribuye a desviar la atención de lo esencial.
Lo que está en juego no son cuestiones abstractas, sino muy reales y presentes, es la calidad de la atención sanitaria, es la igualdad de oportunidades en la educación, es la dignidad en el cuidado de quienes más lo necesitan, es la posibilidad real de desarrollar un proyecto de vida sin verse expulsado del propio territorio. Es, en definitiva, el modelo de sociedad que Andalucía quiere ser.
Por todo ello, el 17M adquiere un significado que va más allá de lo electoral. Es una decisión colectiva entre avanzar o retroceder, entre consolidar derechos o permitir su erosión progresiva, entre la resignación o la participación activa.
Y en ese punto conviene ser claros: no se trata simplemente de “dejar la decisión en manos ajenas”. Se trata de decidir conscientemente si queremos seguir siendo gobernados por quienes están deteriorando nuestros servicios públicos, por quienes han permitido su debilitamiento mientras se ven salpicados por causas de corrupción, pese a haber llegado prometiendo exactamente lo contrario: regeneración, eficacia y fortalecimiento de lo común.
Hoy, la realidad es tozuda. Los servicios públicos están peor. Las garantías se debilitan. Y la distancia entre lo prometido y lo ejecutado resulta cada vez más evidente.
Ante ello, la pregunta es inevitable: ¿queremos premiar a quienes nos fustigan y engañan o apostar por quienes se sitúan al lado de su gente, de su tierra, y se remangan para impulsar iniciativas que pongan en el centro a las personas y sus condiciones materiales de vida?
La abstención, en este contexto, no es neutral ni una llamada de atención. Es una forma de aval implícito a lo existente.
La historia no la escriben quienes se mantienen al margen. La escriben quienes participan, quienes asumen que su voz tiene consecuencias y quienes entienden que cada derecho vigente es el resultado de una implicación previa.
No basta con la crítica ni con la indignación en las RRSS. No basta con el análisis ni con el diagnóstico. La democracia exige un paso más: la acción.
Votar no es un gesto menor. Es la herramienta fundamental de la ciudadanía para influir en el rumbo colectivo.
Andalucía ha demostrado, en momentos decisivos, que sabe responder. El 17M vuelve a tener la oportunidad de hacerlo.
Y es que el 17M no es solo una fecha en el calendario. Es una interpelación directa a la responsabilidad individual y colectiva. Es la posibilidad de decidir si lo conquistado se defiende o se diluye, si el futuro se construye desde la participación o se deja en manos de quienes han demostrado no estar a la altura de ese compromiso, de quienes nos engañan y roban.
Porque si algo ha definido siempre a esta tierra es su capacidad para levantarse cuando parecía que todo estaba decidido.
El 17M, esa capacidad vuelve a ser necesaria, por ello, que nadie renuncie a su voz, que nadie se quede al margen, que nadie olvide que Andalucía, cuando participa, decide.
Y decidir es, hoy más que nunca, imprescindible.
Te dejamos el artículo también en formato audio:
