Se acerca el 28 de abril, un día proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo a iniciativa del movimiento sindical mundial, a la que se unió, posteriormente, la Organización Internacional del Trabajo.
Es un día para honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, para denunciar las situaciones que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las personas trabajadoras y para promover un cambio cultural, que ponga la prevención en el centro del interés general que haga posible acabar con esta lacra, silenciosa y silenciada, responsable de tan devastadoras consecuencias en nuestra sociedad.
Según la OIT, casi tres millones de trabajadores y trabajadoras mueren cada año a causa del trabajo. En España en 2025 murieron 735 y hubo casi 4.700 accidentes graves. En la provincia de Córdoba se produjeron de media 26 accidentes con baja al día, 6 graves al mes y 13 muertes.
Estas cifras están absolutamente relacionadas con la precariedad y la temporalidad laboral o, dicho de otra manera, con la ausencia de un trabajo digno.
Estamos hablando de tres danas cada año más un accidente de Adamuz. Sin embargo, no suele ser noticia, vivimos de espaldas a esta realidad, no parece importar. Hemos conseguido pensar en nuestra seguridad al coger el coche, la familia nos despide pidiéndonos prudencia, pero eso no ocurre cuando salimos a trabajar. Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, “el 99% de los accidentes laborales que se producen cada año pueden ser evitables” y esta es la clave, porque si son evitables y no se evitan, estamos hablando de violencia laboral o, cuando menos, de negligencia culposa grave.
La siniestralidad laboral no es algo individual o privado que ha de gestionar la persona a la que “le toque”. Por el contrario, es un asunto social y político resultado de decisiones concretas, de prioridades mal establecidas, de protocolos que no se aplicaron, de medidas preventivas que se consideraron prescindibles, de inspecciones que no llegaron o de formaciones que se dieron por supuestas. Por eso, no debemos seguir denominándolos “accidentes”.
Detrás de cada persona trabajadora que no regresa a casa hay algo más que mala suerte. Hay prisas, presión, jornadas interminables, miedo a perder el empleo, precariedad, riesgo… Y silencio, mucho silencio. Por eso, las llamamos las víctimas silenciadas.
En AVAELA, la asociación de víctimas de accidentes y enfermedades laborales de Andalucía, de la que soy miembro, sabemos bien que no son números, son rostros conocidos. Personas como Tere, Paqui, Malika, Pedro, Alfonso, Noelia, Laura, Jobanna y tantas otras personas con las que compartimos su triple calvario: sanitario, psicológico y jurídico. Cuando las conoces, todo cambia radicalmente.
En nuestro día a día, experimentamos en primera persona que ningún beneficio económico justifica la pérdida de una vida. Que hay que actuar en favor de un trabajo que, antes que nada, cuide la salud y la vida de las personas trabajadoras, porque nadie debe encontrar la enfermedad o la muerte cuando lo que pretende es ganarse la vida.
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