La organización sindical ha denunciado ante el Defensor del Pueblo el trato discriminatorio y desigual que la Delegación Territorial de Educación impone a los centros públicos en comparación con los concertados en la provincia. Así lo ha dado a conocer en un comunicado donde analizan el informe publicado por la Junta de Andalucía publicado el pasado 29 de mayo sobre la matriculación y escolarización desde 2016. En dicho informe“ se indica que los centros públicos en Andalucía han perdido, desde 2016, 14957 escolares matriculados en enseñanzas no universitarias mientras que los centros privado-concertados tan solo 1109 escolares”. Para USTEA, “este dato indica, claramente, que la bajada de la natalidad está siendo asumida, casi de manera exclusiva, por la escuela pública, donde se cierran líneas año tras año adelgazando centros o eliminándolos”.
“Las supresiones de clases y la imposición de aulas mixtas en la educación pública frente a la situación en la concertada, donde estas medidas no se aplican jamás (incluso cuando el número de matrículas es muy bajo), representan una clara injusticia que profundiza la desigualdad y debilita la calidad educativa en Andalucía” señalan desde el sindicato. “Un claro ejemplo!, prosiguen, “lo encontramos en la creación de aulas mixtas, en las que se agrupan estudiantes de diferentes edades y niveles (por ejemplo, infantil de 3 y 4 años o de 4 y 5 años) en una misma clase, limitan la atención y los recursos disponibles para cada estudiante, afectando especialmente a las y los más pequeños, quienes requieren de un apoyo educativo específico”.
En esta línea añaden “hemos puesto en evidencia cómo se obliga a crear aulas mixtas en colegios públicos, una medida que jamás se aplica en los centros concertados, ni antes ni después del período de escolarización; consideramos que esta situación constituye una grave vulneración de los derechos educativos, un trato de favor a la Educación Privada-Concertada, afectando negativamente a la calidad en los centros públicos, generando recortes de personal docente y limitando los recursos destinados a la educación pública”. “Esta injusticia”, continúan, “repercute especialmente en el alumnado más vulnerable, como aquellos con necesidades educativas especiales, quienes son directamente perjudicados por estas políticas discriminatorias”.
El análisis de USTEA continúa con la vista al último período de escolarización para 2024-2025, en el que “se han fusionado aulas mixtas en, al menos, cinco centros públicos en Córdoba, suprimiendo unidades antes de la fecha de inicio oficial de escolarización, el 1 de marzo de 2024.
Los centros afectados fueron CEIP Miralbaida, CEIP Albolafia, CEIP Obispo Osio y CEIP Federico García Lorca en Córdoba capital, y el CEIP Miguel de Cervantes en Villanueva del Rey. En algunos de estos centros, la administración intentó agrupar alumnado de los tres niveles de Infantil (3, 4 y 5 años) en la misma aula, alcanzando la ratio máxima y provocando un deterioro significativo en las condiciones de enseñanza.
“Es evidente que la imposición de aulas mixtas a priori en la escuela pública es una medida que atenta contra la equidad y la calidad educativa” critican desde USTEA, “afectando especialmente a las zonas rurales y desfavorecidas de Andalucía. Estas medidas no solo deterioran la enseñanza en las ciudades, sino que también contribuyen a la despoblación y al abandono de las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada”.
Por el contrario,USTEA Córdoba destaca que “esta imposición de aulas mixtas no se realiza en centros concertados, donde, incluso cuando existe la posibilidad de formar estas aulas debido a un número reducido de matrículas, no se aplica esta medida ni tras el período de escolarización”. Como ejemplo, USTEA ha documentado dos casos en centros concertados de Córdoba capital, el CDC San Rafael y el CDP Virgen de la Fuensanta, “en los que se podían haber creado aulas mixtas debido a un bajo número de estudiantes por nivel, pero la Delegación optó por no aplicarla”.
Desde USTEA Córdoba exigen a la Delegación Territorial de Educación “que revise de inmediato sus políticas y asuma un compromiso real con la igualdad de trato entre los centros públicos y concertados, para asegurar una educación pública de calidad y con los recursos adecuados para todas y todos”.
Por último señalan que “con la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo, USTEA reafirma su determinación de llegar hasta las últimas consecuencias para que la administración rectifique estas políticas injustas y discriminatorias, y para que los centros públicos reciban finalmente el trato justo e igualitario que merecen”.
