El sindicato considera que estas supresiones se han realizado sin las explicaciones suficientes, sin estudios públicos que las justifiquen y sin contar con la comunidad educativa, afectando de manera directa al alumnado, a las familias y al personal docente. Estas supresiones afectan muy directamente al profesorado, generando inestabilidad laboral, sobrecarga de trabajo, desplazamientos del puesto de destino y deterioro de la salud laboral, lo que repercute además en la atención educativa que recibe el alumnado.
USTEA argumenta en el recurso que la Administración se ha limitado a reorganizar la planificación de los centros educativos, arrojando un saldo negativo de 360 aulas, que se suman a las 704 eliminadas el curso pasado. Un total de 2758 aulas en los últimos 8 años. Sin embargo, no aporta datos sobre las ratios desglosadas por centro, evolución de la matrícula, impacto territorial ni consecuencias para el alumnado más vulnerable. Esta falta de motivación impide entender por qué se cierran líneas, se eliminan aulas rurales o se concentra alumnado en determinados centros masificados por falta de espacios.
USTEA advierte de que estas decisiones deterioran la calidad educativa, fomentan ratios elevadas, en ocasiones ilegales, aumentan los desplazamientos, especialmente en el medio rural y dificultan el acceso a la educación pública en condiciones de igualdad.
Además, el sindicato denuncia un trato desigual, ya que mientras los recortes se concentran en la red pública, la enseñanza concertada mantiene líneas y unidades incluso en contextos de descenso de matrícula, aplicándose criterios de estabilidad que se niegan a los centros públicos.
La Orden también ha sido aprobada sin audiencia a los consejos escolares, sin participación de los municipios y sin información pública, vulnerando derechos básicos de participación democrática recogidos en la normativa educativa.
Por todo ello, USTEA solicita que se dejen sin efecto las supresiones, se mantengan las unidades existentes y que cualquier modificación futura se tramite con criterios objetivos, transparencia, informes técnicos y participación real de la comunidad educativa, aplicando a la red pública los mismos criterios de estabilidad que se aplican a la enseñanza concertada.
