Una prioridad en la Unión Europea es la seguridad alimentaria, es decir, que los alimentos que comemos sean inocuos. Esto ha generado el diseño de un sistema de registros sanitarios obligatorios para las empresas y productoras de alimentos, que conlleva elevadas exigencias de varios tipos: de inversión de capital, de burocracia, de control y de supervisión.
Esto, que puede sonar bien, hace que nuestras pequeñas y medianas agroindustrias familiares se vean de nuevo muy perjudicadas por el tema de las inversiones. De nuevo, normas hechas para las grandes.
En el caso de las normativas higiénico-sanitarias, esto es mucho más grave aún, por un tema clave. La propia Comisión Europea publicó en los años 2004 y 2005 sendos reglamentos que reconocían la necesidad de flexibilizar estas normativas, cuando se trataba de pequeñas y medianas agroindustrias. La propia Comisión Europea reconocía que, en estos casos, estas normativas se podían aplicar, permitiendo importantes adaptaciones. Y establecía que en estas industrias los riesgos no eran tan altos, y se podían y debían preservar formas más artesanas y sencillas de transformar alimentos, sin importantes inversiones ni en infraestructuras ni en maquinaria.
Con esto, nuestro querido país no traspuso estas normativas europeas a nuestro país hasta… adivinen qué año. El 2020. Sí, 16 años tardamos en desarrollar y publicar un reglamento que recogía las posibilidades de flexibilización de estas normativas higiénico-sanitarias, cuando se trataba de pequeñas agroindustrias. O sea, nuestras pequeñas y medianas productoras de alimentos y agroindustrias se vieron expulsadas de nuestros territorios, pues su derecho a aplicar esta flexibilización no se reconocía ni se aplicaba: los técnicos inspectores no lo permitían, y siguieron poniendo multas o no autorizando actividades de este tipo durante todo ese tiempo. Y mientras, nuestras vecinas europeas permitían que sus pequeñas productoras de alimentos transformaran sus productos con muchísima menos inversión, y con los métodos artesanales que venían utilizando. ¿Hemos oído de escándalos alimentarios en estos países, por la aplicación de esta flexibilización de la normativa de seguridad alimentaria? Ninguno.
Entonces, en 2020, nuestro país por fin permitió que pasaran cosas como estas (entre otras): en el caso de pequeños mataderos, eliminar exigencias de infraestructuras y de procesos, pues cuando se trata de sacrificar pocos animales, se reconoce que no son necesarias; la posibilidad de los mataderos móviles o en finca, que permiten sacrificios de pequeños volúmenes de animales en zonas cerca de donde se están criando o; la posibilidad de los obradores compartidos, permitiendo que en un mismo espacio, varias empresas u operadoras puedan transformar sus productos alimentarios, compartiendo infraestructuras y maquinaria.
Pero ¿qué está pasando? Que el problema aún no está resuelto. Para que este reglamento se aplique, tiene que ser traspuesto a las distintas Comunidades Autónomas. ¿Andalucía lo ha hecho? No, y han pasado 6 años. Además, nuestros técnicos inspectores no tienen ni idea de esta flexibilización, y no la están permitiendo ni autorizando. Quizás porque en las Facultades de Veterinaria (son las que forman a estos técnicos inspectores) esto no se da ni en una asignatura optativa. Además, nuestras administraciones públicas autonómicas no sólo no tienen ni idea, sino que tampoco parece que este tema sea una prioridad (podéis preguntarle al servicio de Seguridad Alimentaria de la Junta de Andalucía a ver qué están haciendo por los obradores compartidos o los mataderos móviles).
Así, seguimos perdiendo a nuestras pequeñas y medianas agricultoras y ganaderas, y nuestras tierras están cada vez en menos manos, de sociedades limitadas con sede en Madrid. ¿España vacía? No, España vaciada.
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